La opinión de Javier García Isac
Hay escenas políticas que serían cómicas si no resultaran profundamente reveladoras. Una de ellas es contemplar a Pablo Fernández, portavoz de Podemos, decidiendo quién es demócrata y quién no, quién merece formar parte del sistema y quién debe ser colocado extramuros de la respetabilidad política.
No deja de tener su ironía.
Un dirigente de una formación situada ideológicamente en la izquierda radical, que nunca ha ocultado sus simpatías por planteamientos rupturistas y que procede de una tradición política que mira al comunismo con una indulgencia que jamás concedería a ninguna dictadura del signo contrario, se permite ahora repartir carnés de demócrata.
El problema no es que Pablo Fernández piense como piensa. Tiene perfecto derecho. Eso, precisamente, es la democracia. Puede ser comunista, republicano, revolucionario o lo que considere oportuno. Puede defender ideas que a mí me parecen profundamente equivocadas y yo puedo y debo combatirlas. Milita en una organización que blanquea profundamente a organizaciones terroristas como ETA o FRAP, organizaciones que el fundador de PODEMOS considera ejemplo de luchadores por la libertad. Organizaciones profundamente antifranquistas, pero eso no las convierte en demócratas, más aún teniendo en cuenta que es Franco quien gana la paz de una guerra qué provocó la izquierda.
Lo que no acepto es que quien reclama para sí toda la libertad pretenda decidir quién merece disfrutar de ella.
Porque la democracia no consiste en que Pablo Fernández decida quién es demócrata.
Ni siquiera consiste en que lo decida Podemos.
La democracia consiste precisamente en que Pablo Fernández tenga derecho a decir cosas que a muchos nos parecen disparatadas y en que nosotros tengamos exactamente el mismo derecho a contestarle.
Yo no necesito el carné de demócrata de Pablo Fernández.
Ni yo ni millones de españoles.
Hay además algo particularmente irritante en esa superioridad moral con la que determinada izquierda española habla de democracia.
El comunismo no es una simpática teoría universitaria nacida para decorar camisetas y tertulias televisivas. Su aplicación histórica durante el siglo XX estuvo vinculada a regímenes de partido único, persecución política, campos de trabajo, deportaciones, purgas y millones de muertos.
La Unión Soviética de Stalin no fue una democracia. La China de Mao no fue una democracia. La Camboya de Pol Pot no fue una democracia. La Cuba castrista tampoco lo fue.
Eso forma parte de la historia.
Y, sin embargo, resulta curioso comprobar cómo quienes exigen permanentemente a los demás una condena minuciosa de determinadas dictaduras o regímenes totalitarios, encuentran siempre matices, explicaciones, contextos y enormes zonas grises cuando tienen que mirar hacia las experiencias totalitarias nacidas de su propia familia ideológica.
Yo no voy a entrar ahora en Franco, ni en la Guerra Civil, ni siquiera en quién y cómo condujo a España hasta aquella tragedia. Ese sería otro debate.
Estoy hablando de algo mucho más sencillo.
Estoy hablando de la autoridad moral que algunos se atribuyen para decidir quién puede participar en democracia.
Y ahí Pablo Fernández tiene exactamente la misma autoridad que cualquier otro ciudadano español: una voz y un voto. Ni uno más.
Podemos llegó a rozar el cielo.
Podemos y sus confluencias alcanzaron 71 diputados en las elecciones generales de junio de 2016. Se presentaban como la fuerza destinada a derribar el bipartidismo, ocuparon alcaldías fundamentales y soñaron incluso con superar al PSOE.
Hoy aquello queda muy lejos.
La formación morada cuenta con una presencia parlamentaria mínima comparada con aquella época. El electorado ha hablado durante estos años y Podemos ha perdido una parte enorme del respaldo que llegó a tener. En la actualidad, le quedan 4 representantes.
Eso también es democracia.
Por eso resulta legítimo preguntarse algo que llevo tiempo preguntándome: ¿por qué Podemos continúa disfrutando de una presencia mediática que parece corresponder a una fuerza política muchísimo mayor?
¿Por qué Pablo Fernández aparece permanentemente en tertulias, conexiones, ruedas de prensa y espacios informativos?
Y especialmente: ¿por qué ocurre en medios públicos?
No estoy pidiendo que se silencie a Podemos. Sería contradictorio con todo lo que estoy defendiendo.
Estoy pidiendo proporcionalidad.
Que aparezcan.
Que hablen.
Que defiendan sus propuestas.
Pero que una formación política tenga una presencia informativa razonablemente relacionada con su verdadero peso político y social.
Porque la televisión pública no pertenece a Podemos. Tampoco al PSOE. Ni al PP. Ni a Vox.
La pagamos todos.
También quienes jamás votaríamos a Pablo Fernández.
Y aquí aparece la gran paradoja.
Quienes más hablan de pluralismo son muchas veces quienes peor soportan que millones de españoles piensen de manera diferente.
Si votas determinadas opciones, eres progresista.
Si votas otras, eres sospechoso.
Si compartes sus postulados, eres demócrata.
Si cuestionas sus dogmas, inmediatamente aparecen las etiquetas: reaccionario, fascista, ultraderechista o cualquier otra palabra que permita evitar el debate.
Es un mecanismo extraordinariamente viejo.
Primero se deslegitima al adversario.
Después ya no es necesario discutir con él. Y por último se le cosifica.
Porque si mi adversario deja de ser un adversario democrático y pasa a convertirse en un enemigo de la democracia, cualquier medida contra él comienza a parecer justificable.
Y eso sí debería preocuparnos.
Una democracia sana no necesita expulsar ideológicamente a millones de ciudadanos. Necesita confrontar ideas.
Yo quiero que Pablo Fernández pueda hablar.
Quiero que Podemos pueda presentarse a las elecciones.
Quiero incluso que defiendan públicamente ideas que considero profundamente equivocadas y nocivas para la humanidad.
Pero exijo exactamente lo mismo para quienes pensamos de otra manera.
Sin cordones sanitarios.
Sin certificados de buena conducta.
Sin inquisidores ideológicos.
Y, sobre todo, sin que nadie tenga el privilegio de decidir quién pertenece al club de los demócratas.
Pablo Fernández puede seguir dando lecciones desde los platós.
Puede seguir utilizando esa superioridad moral tan característica de una parte de nuestra izquierda.
Puede seguir señalando quién es, según él, demócrata y quién no.
Pero debería recordar algo.
Los carnés de demócrata no los expide Podemos.
Ni Pablo Fernández.
Ni un ministro.
Ni un periodista.
Ni el director de una televisión pública.
En democracia el único carné verdaderamente importante lo entrega el ciudadano introduciendo libremente una papeleta en una urna.
Y quizá sea precisamente eso lo que más molesta a algunos.
Porque hubo un tiempo en que Podemos reunió 71 diputados y creyó que estaba llamado a conquistar España.
Los españoles han ido reduciendo drásticamente aquella representación.
Y mientras los ciudadanos les retiran votos, algunos medios parecen empeñados en compensarlo regalándoles minutos.
Pablo Fernández tiene derecho a hablar.
Por supuesto.
Lo que no tiene es derecho a decidir quiénes somos demócratas los demás.
Porque para recibir lecciones de democracia, desde luego, yo no necesito acudir a la ventanilla de Podemos.
