Catalá exige al Gobierno central medidas urgentes contra la ocupación tras el incendio de Benicalap

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha exigido al Gobierno de Sánchez que tome medidas contra la ocupación ilegal tras el incendio registrado el jueves en unos bajos de la calle Picayo, en el barrio de Benicalap. La primera edil ha recordado que desde el Ayuntamiento solicitaron el desalojo de la zona a la Policía Nacional hace "años" sin que se haya resuelto la situación.

"Quien diga que la ocupación ilegal no es un problema, que venga a atender a los afectados", ha afirmado Catalá, que ha detallado que los vecinos de la puerta 25 podrían tardar días en regresar a sus viviendas, "varios de ellos en situación de vulnerabilidad", mientras que la alta ocupación hotelera en la ciudad complica su realojo temporal.

Respecto al origen del incendio, la alcaldesa ha señalado que una de las hipótesis manejadas apunta a los trabajos de soldadura realizados en las persianas para sellar los bajos, aunque ha remarcado que es el Cuerpo Nacional de Policía quien investiga el caso y disciplina urbanística quien analiza el estado de la infraestructura afectada.

Catalá ha explicado que los residentes de la finca 23 apenas han sufrido daños y podrían volver a lo largo del día, mientras que los de la puerta 25 se enfrentan a una afectación mayor, "no por la estructura sino por circunstancias que hacen que la vida diaria sea inviable". El Ayuntamiento ha habilitado en el recinto JUBIOCIO del propio barrio el Sistema de Atención a las Urgencias Sociales (SAUS), donde se ofrece atención presencial, comida y un espacio refrigerado a los afectados.

"Hay personas muy afectadas. Desde que soy alcaldesa he vivido cuatro incendios, pero en este caso hablamos de personas en una situación de especial vulnerabilidad", ha señalado Catalá, que ha reconocido que el Ayuntamiento busca un alojamiento único para evitar que las familias tengan que ir cambiando de hotel, aunque la escasa disponibilidad hotelera en la ciudad dificulta esa opción.

La alcaldesa ha insistido en que la ocupación irregular "es un problema" que trasciende las competencias municipales y ha reclamado al Gobierno central procesos judiciales más rápidos y una intervención "más ágil" a nivel nacional. "Los ayuntamientos estamos con las manos atadas sin poder hacer frente a ese contexto", ha lamentado, recordando que el fuego se propagó con facilidad por la basura y los enseres acumulados en los bajos ocupados de forma irregular.