Carlos Mazón combatirá la piratería en la Comunidad Valenciana

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado una importante medida para combatir la piratería y la falsificación de productos textiles, calzado, juguetes y cerámica en la Comunidad Valenciana. Esta iniciativa implica un aumento significativo en las sanciones, que podrían llegar hasta un millón de euros, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos, especialmente de los más pequeños.

Mazón resaltó la importancia de proteger la salud de los consumidores y de tomar medidas firmes para combatir la piratería y las falsificaciones, que afectan negativamente a sectores clave de la economía valenciana. La modificación del Decreto legislativo 1/2019 permitirá este aumento en las multas por infracciones leves, graves y muy graves, y se espera que entre en vigor a partir del 1 de enero de 2025.

Además, el presidente hizo un llamado a apoyar a las empresas locales que se esfuerzan por ofrecer productos de calidad y contribuyen a la protección del consumidor. Destacó la importancia de fomentar el consumo de productos valencianos para enfrentar la competencia desleal y promover la innovación y el diseño en la región.

Con esta medida, la Generalitat busca no solo proteger a los consumidores y a la economía local, sino también enviar un mensaje claro de que la piratería y las falsificaciones no serán toleradas en la Comunidad Valenciana.

La  Generalitat elevará al máximo legal permitido las sanciones a los productos industriales que no cumplan con los estándares de seguridad.

El cambio en el Decreto legislativo 1/2019 implicará aumentos significativos en las multas por infracciones leves, graves y muy graves. Por ejemplo, las multas por infracciones leves pasarán de 3.005,06 a 10.000 euros, las graves alcanzarán los 100.000 euros en lugar de los 15.025,30 euros anteriores, y las multas por infracciones muy graves se establecerán en 1.000.000 de euros en lugar de los 601.012,10 € previos.

Estas sanciones están previstas que entren en vigor a partir del 1 de enero de 2025. Además, el presidente ha visitado la planta de tratamiento y reciclaje de residuos Acteco en Ibi, destacando la importancia de la gestión adecuada de los residuos para preservar el medio ambiente y la salud pública.