El BBVA señala la realidad que nos podemos encontrar pronto en España
El Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz sigue a la suya y mantiene la intención de dejar tocada de muerte la economía española. Si las pequeñas y medianas empresas ya vivían asfixiadas entre burocracia, impuestos, ahora llega la reducción de la jornada laboral. Y, claro, no es que solo los apocalípticos y los "enemigos del PSOE" señalen la aberración, también lo hacen los expertos.
BBVA Research, el servicio de análisis de BBVA, ha estimado que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales podría afectar negativamente al empleo. Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research para España, ha señalado que esta medida podría reducir el empleo en un 1% tanto a nivel nacional como en Cataluña. Esta previsión se presentó durante una rueda de prensa sobre la economía catalana.
Cardoso explicó que algunos sectores podrían absorber este cambio debido a sus márgenes de rentabilidad o al aumento de la demanda. Sin embargo, en muchos otros sectores sería "imposible" compensar la reducción de horas sin afectar el empleo. En particular, el sector servicios en Cataluña podría ver limitada su capacidad de crecimiento, ya que los empleados son su principal coste laboral.
BBVA Research advirtió que la reducción de la jornada laboral podría ser perjudicial para las pequeñas empresas. Estas ya enfrentan desafíos en términos de demanda y costes operativos. La previsión de un impacto del 1% en el empleo subraya la preocupación de que una reducción generalizada de la jornada laboral a 37,5 horas semanales podría llevar a una disminución significativa de puestos de trabajo.
El plan del Gobierno, liderado por Yolanda Díaz, busca implementar esta reducción de manera progresiva. Comenzará con una jornada de 38,5 horas en 2024 y alcanzará las 37,5 horas en 2025. Esta medida pretende mejorar la conciliación entre la vida laboral y familiar, pero ha sido recibida con escepticismo por el sector empresarial. Temen un aumento de los costes laborales y una posible disminución de la productividad.
El Ministerio de Trabajo sostiene que la reducción de la jornada no debería implicar una reducción salarial. Argumenta que los beneficios en términos de bienestar y productividad podrían compensar los costos iniciales. La implementación de esta medida sigue siendo objeto de negociaciones entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal, con el objetivo de alcanzar un consenso antes de finales de año.
Mientras que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales pretende mejorar la calidad de vida de los trabajadores, su impacto económico sigue siendo motivo de debate. Las estimaciones de BBVA Research sugieren que la medida podría tener consecuencias significativas en el empleo, especialmente en sectores con márgenes estrechos y alta dependencia de la mano de obra
