Perder el trabajo no solo supone dejar de percibir un salario. Para muchas personas también marca el inicio de una etapa de incertidumbre económica en la que los préstamos, las cuotas y otras obligaciones siguen llegando cada mes, hasta convertir una dificultad temporal en una deuda difícil de superar.
Cuando se cumplen los requisitos legales, la Ley de Segunda Oportunidad ofrece una vía para que particulares y autónomos de buena fe puedan cancelar total o parcialmente sus deudas y recuperar la estabilidad económica.
Es el caso de G.T, un madrileño de 45 años que, tras quedarse en situación de desempleo, llegó a acumular una deuda de unos 41.000 euros, de los que más de 11.000 euros correspondían a la Tesorería General de la Seguridad Social.
El procedimiento, tramitado por Arriaga Asociados, ha permitido cancelar íntegramente la deuda privada, superior a 30.000 euros, y aplicar la máxima reducción posible sobre la deuda con la Seguridad Social conforme a la doctrina vigente del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El resultado deja al afectado en una situación económica prácticamente saneada y le permite afrontar una nueva etapa sin la carga financiera que arrastraba desde hacía meses.
"Muchas personas llegan pensando que ya no hay solución. Lo primero que hacemos es escuchar su historia y analizar si la Ley de Segunda Oportunidad puede ayudarles. Cada caso es diferente y debe estudiarse de forma individual para ofrecer la mejor solución posible", explica Jesús Ruiz de Arriaga, socio director de Arriaga Asociados.
La resolución pone de relieve el alcance que puede tener actualmente la Ley de Segunda Oportunidad en aquellos procedimientos en los que existen deudas con la Administración. La aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea permite alcanzar, en los supuestos previstos por la legislación, el mayor nivel de exoneración posible de este tipo de deudas.
